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Cuando el despido colectivo incluye en su afectación a personas trabajadoras de cincuenta o más años de edad, el Ordenamiento jurídico ha establecido una serie de obligaciones (aportación al Tesoro Público, convenio especial de Seguridad Social, plan de recolocación) y medidas de previsión social (prejubilaciones) que se suman a todas aquellas que son propias de cualquier reestructuración empresarial. La importancia de su adecuado cumplimiento es decisiva, ya que puede condicionar la viabilidad del despido colectivo, la asunción de cuantiosos costes no previstos o la imposición de sanciones por parte de la Inspección de Trabajo. Partiendo de todo ello, la presente obra pretende realizar un estudio exhaustivo, y con un claro enfoque práctico, de unas obligaciones que tratan de proteger a un colectivo especialmente vulnerable frente al desempleo de larga duración y la discriminación por razón de edad.